En la Argentina es posible el desarrollo sustentable | Fundación Vida Silvestre Argentina

En la Argentina es posible el desarrollo sustentable



Publicado: 05 September 2011
© Noticia publicada en la revista Mercado en su edición de septiembre de 2011
Nota Publicada en la Revista mercado en su edición de septiembre de 2011
Por Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina

El debate sobre el uso responsable de los recursos naturales argentinos se hace inminente dada la degradación en la que se encuentran: la desertificación afecta a 75% de las tierras productivas, con 60 millones de hectáreas con procesos erosivos de moderados a graves; cinco de las 10 principales pesquerías de nuestro mar están sobreexplotadas y en riesgo de colapsar.


La Argentina es uno de los 10 países que totalizan más de 60% de la capacidad mundial de producir recursos y servicios ambientales, según el Informe Planeta Vivo elaborado en 2010 por la Organización Mundial de Conservación (WWF). De acuerdo con Indec, en 2009, las principales actividades agropecuarias argentinas generaron $330.000 millones, 30% del Producto Bruto Interno (PBI).
Estos números reflejan la importancia que tienen los recursos naturales en la economía de nuestro país y en el contexto del comercio mundial.
En el caso de las pesquerías, el stock reproductivo de la merluza común, por ejemplo, se redujo 80% en los últimos 20 años, lo que arriesga 20.000 puestos de trabajo; 89% de la matriz energética depende del petróleo y el gas, cuyas reservas se están agotando; y solo 7,7% del territorio terrestre y 1,18% del marino están protegidos con parques nacionales, reservas provinciales y reservas privadas, muy lejos de 17% que se acordó proteger en el ll Convenio sobre Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al que la Argentina suscribió.
En este contexto, en las vísperas de la próxima elección presidencial y como parte del proyecto Agenda presidencial de Cippec, Vida Silvestre elaboró ocho propuestas de políticas públicas –que se detallan a continuación– que buscan servir de insumo para diseñar una política de Estado que permita lograr un desarrollo sustentable en la Argentina.

1) Jerarquizar la temática ambiental en la agenda de Gobierno: dotar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de peso político y presupuesto, y concentrar en ella las facultades de contralor de las actividades productivas con incidencia directa sobre recursos naturales renovables.
Recomendamos incrementar el presupuesto de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de 1% a 1,5% del presupuesto nacional entre 2012 y 2015 y, paralelamente, otorgarle el suficiente peso político como para que su gestión sea relevante frente a otros intereses del Estado.
Además, sugerimos concentrar en la SayDS a los diversos organismos del Estado con incumbencia ambiental, actualmente dispersos en varias carteras. La meta es lograr diferenciar los roles de promoción (que seguirían en las secretarías específicas –Minería, Energía, etc.) y de control ambiental (que pasarían a la SAyDS).
Así, la SAyDS fortalecería su actuación en la definición de políticas de Estado con incidencia sobre los recursos naturales (minería y manejo integrado del agua, entre otras).
Luego, es prioritario perfeccionar y potenciar los espacios y los mecanismos recíprocos de comunicación y coordinación en materia ambiental entre la Nación y las provincias. En este sentido, sugerimos que el Gobierno nacional trabaje para fortalecer el Consejo Federal de Medio Ambiente y el Sistema Federal de Áreas Protegidas.

2) Incluir los costos ambientales en las cuentas nacionales: una estrategia concreta para integrar el capital natural como variable macroeconómica en la Argentina, y el paso previo a la internalización de los costos ambientales en las actividades productivas del sector privado.
Proponemos desarrollar un análisis sobre los bienes y servicios que los sistemas naturales de nuestro país aportan a la economía nacional. El Ministerio de Ciencia y Técnica, con la información y los recursos humanos existentes, podría liderar esta iniciativa.
En una segunda instancia, habría que progresar en los indicadores hasta concretar la incorporación de los costos ambientales en las cuentas nacionales de la Argentina. Esta integración del capital natural en las variables macroeconómicas es una coparticipación de los "servicios ambientales".
En una tercera etapa, la aplicación de esta metodología de medición debería ampliarse al sector privado para iniciar una política que apunte a internalizar los costos ambientales en las actividades productivas.

3) Diversificar la matriz energética, a través de la inversión en energías limpias, para alcanzar 15% de participación en 2020, y la aplicación de políticas de eficiencia que apunten a reducir el consumo innecesario de energía en, al menos, 20% para 2020.
Es esencial que el próximo Presidente tome la decisión política de invertir fuertemente en la conservación y uso eficiente de la energía, y en el desarrollo de fuentes renovables. Esto exige revisar los subsidios masivos al consumo, que atentan contra el desarrollo sustentable del sector.
La promoción de eficiencia en el uso de la energía en los sectores público, residencial, comercial, transporte e industrial es clave. En la Argentina ya se tomaron algunas medidas para promover la eficiencia energética pero resultan insuficientes. Una política integral que incluya la definición de estándares de eficiencia mínima, impulse e incentive la aplicación de buenas prácticas en los sectores industrial, comercial y público, y lleve adelante campañas de concientización es la estrategia más efectiva en el corto y mediano plazo para disminuir el consumo energético.
En paralelo, recomendamos desarrollar un plan de inversión en la generación de energía orientado al incremento sustancial de energías renovables (eólica, solar, micro-hidro y biomasa). En línea con las tasas de crecimiento en otros países en desarrollo es posible aspirar a alcanzar 15% de la matriz proveniente de energías renovables en 2020.


Diego Moreno

4) Uso del territorio. Promover una política de Estado que lo planifique estratégicamente; consolidar la implementación de la Ley de Bosques 26.331 e impulsar el desarrollo de procesos similares en otras regiones, dos pasos previos para alinear la legislación vigente en un plan de desarrollo territorial integral.
Como primer paso hace falta consolidar la implementación efectiva de la Ley de Bosques 26.331, que es la primera en plantear, a escala nacional, el ordenamiento territorial y la creación de un fondo para pagar servicios ambientales. Este fondo, que no debería ser inferior a 0,3% del presupuesto nacional y que, según dispone la ley, debe constituirse a partir de 2% de las retenciones a las exportaciones de los productos agrícolas, ganaderos y forestales, es la medida que permitirá completar el proceso de implementación.
En segundo lugar, sugerimos que el Gobierno nacional promueva el ordenamiento ambiental de otras regiones naturales, como el Mar Argentino, los humedales, los pastizales y las áreas cordilleranas, mediante la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bienes y Servicios Ambientales de la Argentina. Este proceso debería brindar el marco para discutir el perfil de desarrollo para cada región y la conveniencia de impulsar distintas actividades productivas, como por ejemplo, la minería, en cada una de ellas.
Finalmente, en una tercera etapa, se debería trabajar para alinear las políticas y la legislación existentes, y para generar otras que promuevan los mejores usos del territorio.

5) Proteger la tierra y el mar. 17% de la superficie terrestre y 10% de la marina a partir del fortalecimiento del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) y de la promoción de una ley que fije estándares mínimos y políticas comunes entre diferentes jurisdicciones.
Consideramos necesario impulsar la sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos para las áreas protegidas, que apunte a conservar al menos 17% de la superficie de cada región natural terrestre y 10% del Mar Argentino. La ley debería regular estándares mínimos de inversión y manejo para estos sitios, sistemas de incentivos para crear áreas protegidas privadas, mecanismos de coordinación entre la Nación y las provincias y un régimen de financiamiento del sistema.
Luego, sería necesario dotar a la norma del financiamiento requerido para lograr su aplicación. Para ello, sugerimos crear un fondo específico.
Por último, resulta esencial fortalecer al Sistema Federal de Áreas Protegidas con la estructura y recursos necesarios para coordinar entre las diferentes jurisdicciones las políticas y estrategias vinculadas a las áreas protegidas.

6) Buenas prácticas ambientales. Promover su desarrollo: adoptar los criterios del Pacto Global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e incentivar la adopción de mecanismos de certificación específicos en los sectores de agricultura, ganadería, actividad forestal e industrial a lo largo de todas las cadenas claves de producción de bienes y servicios, distribución y consumo.
En la Argentina, la inversión en energías limpias debería enfocarse en las actividades primarias y secundarias porque concentran una proporción importante de la huella ecológica –un indicador que mide la incidencia de la humanidad sobre los recursos naturales– y carecen de un marco regulatorio y de promoción que aborde el criterio de sustentabilidad en su ciclo productivo.
Por eso, sugerimos adoptar un marco de referencia de buenas prácticas en cada uno de los sectores prioritarios. Además de los criterios de Pacto Global del PNUD, existen mecanismos de certificación que podrían adoptarse dentro de una política de Estado. Entre ellos, se destacan el Forest Stewardship Council (FSC) para la actividad forestal y el Marine Stewardship Council (MSC) para las pesquerías.
El siguiente paso sería generar los incentivos y regulaciones necesarias para promover su aplicación. Un régimen de incentivos impositivos o el acceso a facilidades de financiamiento permitirá que el sector privado las adopte.

7) Impulsar un manejo pesquero sustentable a través de la planificación del uso de los recursos marinos, la reconversión y modernización del sector, y la inversión en investigación y monitoreo de las pesquerías del Mar Argentino.
Proponemos avanzar con el desarrollo de un plan de recuperación para la merluza común, que busque recuperar la capacidad productiva de la pesca y evite un colapso inminente. Para ello, tendrá que contemplar la reducción temporal de al menos 30% del esfuerzo pesquero, y deberá ser implementado a través de subsidios o créditos a las empresas del sector para que reduzcan la flota e inviertan en mejoras tecnológicas que agreguen valor a la producción. A su vez, habría que fortalecer la aplicación de mecanismos de control y fiscalización idóneos que aseguren el uso de dispositivos de selectividad y eviten la subdeclaración y la evasión.
Como segunda medida, proponemos fortalecer el Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INIDEP) a través de dos acciones complementarias. Por un lado, incrementar su presupuesto en $10 millones anuales, e invertir en un plan de mantenimiento y renovación de la flota de investigación. Por el otro, es vital independizar al Instituto de la actual Subsecretaría de Pesca.
En una tercera instancia, sería necesario implementar un nuevo modelo estratégico de desarrollo para la industria pesquera nacional. Para su diseño, sugerimos tomar como base el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) al que se debiera incorporar la legislación ambiental vigente en nuestro país.

8) Cuenca Matanza-Riachuelo. Implementar el Programa de Políticas Públicas para su gestión establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e impulsar acciones de gestión integrada en otras cuencas hídricas relevantes.
Finalmente, recomendamos la urgente implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Con más de 10% de la población nacional y uno de los niveles más elevados de contaminación, es uno de los grandes temas ambientales pendientes de resolución.
En paralelo, se debería abordar la planificación integrada de otras cuencas hídricas de relevancia (como las de los ríos Bermejo, Pilcomayo, Uruguay, Salado y el sistema Paraguay/Paraná), en las que, por su carácter interjurisdiccional, el rol del Estado nacional cobra gran trascendencia.

www.agenda-presidencial.org.


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