Recientemente el gobierno provincial de San Luis sancionó una ley para expropiar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y entregar sus tierras a la comunidad huarpe. La Fundación Vida Silvestre Argentina se opone a esta medida que genera una innecesaria confrontación entre dos derechos constitucionales: la conservación efectiva de nuestros recursos naturales y los derechos de los pueblos originarios.

"En relación a la conservación de nuestros recursos naturales, la Argentina tiene sólo un 7,7% de su territorio continental dedicado a la protección de los recursos naturales", afirma Diego Moreno, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Las áreas protegidas (Parques Nacionales, Reservas Provinciales y Municipales, etc.) son la principal herramienta para este fin. "Si bien nuestro país fue pionero en la región con la creación temprana de la primera red de Parques Nacionales, actualmente nos encontramos lejos de tener protegida el 10% de la superficie de cada región natural, propuesta por la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, como meta a alcanzar en 2010", agrega Moreno. Muy lejos de ese 10% se encuentran algunas regiones naturales de nuestro país, como la ecorregión del Monte (donde se incluye la superficie de Sierra de Las Quijadas), que sólo alcanza un 4,17% de protección.

Con respecto a los derechos de los pueblos originarios, el caso desatado por la iniciativa de la provincia de San Luis –teñido de graves errores desde lo jurídico, ya que una ley provincial no puede ir en contra de una ley nacional, como es el caso de la ley que creó Parque Nacional -, plantea una innecesaria confrontación entre dos derechos constitucionales: el de los pueblos originarios y el de todos los argentinos a gozar de un ambiente sano. "Un derecho no puede ni debe menoscabar al otro, y el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, hoy patrimonio de todos los argentinos, no puede ser desafectado porque ello compromete el derecho de nuestra sociedad a gozar de un ambiente sano y saludable", indica Moreno.

En diferentes ámbitos internacionales y nacionales existe una tendencia saludable y creciente de reconocer los derechos de los pueblos originarios, particularmente, el acceso a las tierras. Y, contamos en la Argentina con antecedentes significativos en esta línea, donde en diferentes situaciones las provincias han reconocido estos derechos y entregado tierras fiscales (fuera de las áreas protegidas) a organizaciones de pueblos originarios. A modo de ejemplo, en 1999 la provincia del Chaco entregó 140.000 hectáreas de tierras fiscales a 26 comunidades Tobas nucleadas bajo la organización Toba Meguesoxochi. Otro ejemplo es la provincia de Salta, que en 2007, entregó más de medio millón de hectáreas a grupos indígenas de 5 etnias en el nordeste de la provincia.

El tema que subyace a esta situación es un conflicto político y económico: el reclamo de deudas que el gobierno nacional contrajo con la provincia de San Luis. Sin embargo, esta situación está poniendo en un serio riesgo a las comunidades Huarpes de nuestro país, al exponerlas en un conflicto entre organismos del Estado provincial y Nacional, y a la protección de una de las áreas protegidas más relevantes de la Argentina. "Es necesario encontrar soluciones rápidas y consensuadas a esta difícil situación, poniendo por sobre todos los intereses, la conservación del patrimonio natural y cultural de todos los argentinos, así como los derechos de los pueblos originarios. Por eso, hacemos un llamado de atención sobre la situación, invitando a que los temas políticos y económicos se resuelvan por las vías administrativas correspondientes", concluye Moreno.