El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para proporcionar evaluaciones científicas sobre las causas, los impactos y los riesgos del cambio climático, así como proponer opciones de mitigación y adaptación. El IPCC no tiene un número fijo de integrantes, pero en la elaboración de sus informes participan miles de científicos voluntarios del mundo, seleccionados por su experiencia en una amplia gama de disciplinas científicas, incluidos climatólogos, oceanógrafos, biólogos, economistas y expertos en políticas públicas de 196 países.

En su sexto informe, este panel ha concluido que el cambio climático es inequívocamente causado por la actividad humanas, que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado a un ritmo sin precedentes, lo que ha provocado un calentamiento global de la temperatura de 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales. Las consecuencias del cambio climático ya se están sintiendo en todo el mundo, en forma de eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos, como el aumento del nivel del mar y los cambios en los ecosistemas.

Considerar que el cambio climático no es originado por causas antrópicas es negar la ciencia climática global, y considerar que siquiera el clima se encuentra en un proceso de cambio es un llamado directo a la inacción climática. Quitar la responsabilidad humana sobre el aumento de gases de efecto invernadero que originan el cambio climático puede ser una forma directa de excluir responsabilidades sobre los sectores responsables de estas emisiones. Esta alarmante situación toma mayor relevancia cuando es promovida por la máxima autoridad política nacional y refrendada por quienes lideran la cartera ambiental nacional. Argumentar que, a pesar de sustentar esas creencias reñidas con la ciencia, se respetarán los acuerdos internacionales refrendados por leyes nacionales resulta, al menos, de dudosa credibilidad.

Según la reforma constitucional de 1994 las provincias tienen dominio originario sobre los recursos naturales existentes en su territorio, pero también establece que el Congreso Nacional puede dictar leyes de base sobre preservación del medio ambiente, aguas, recursos naturales y biodiversidad. La constitución también establece que los bosques nativos argentinos y demás ecosistemas; la fauna y la flora; las aguas; el aire; el suelo y el paisaje; forman parte del patrimonio natural y serán preservados, conservados y mejorados para las presentes y futuras generaciones. La nueva carta magna atribuye al Estado y a las personas el deber de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.

El mercado puede ayudar, ya que es una de las expresiones de los intereses de una parte de las personas que constituyen la sociedad, pero delegar en el mercado la responsabilidad constitucional de preservar los bosques nativos es, al menos, temerario.

En épocas donde se discute el rol del estado, y ante el anuncio del presidente de la nación sobre el fin de la era del estado supuestamente presente, es necesario recordar que, según nuestra constitución, el ambiente es una cuestión de estado y que, más allá del nivel de su presencia, lo que importa es su nivel de eficiencia. Esta eficiencia, sin dudas, estará relacionada con la capacidad y el compromiso de los funcionarios de turno en el cumplimiento de sus deberes.